La reciente promulgación de la ley que habilita la carretera UC-105 ha encendido las alertas en la Amazonía peruana. Esta norma, firmada por el presidente José Jerí, autoriza la apertura de una vía en una zona señalada reiteradamente por la presencia de economías ilegales. La ley se promulgó pese a advertencias previas sobre los riesgos de consolidar corredores utilizados por el narcotráfico y otras actividades criminales en la selva.
Ucayali concentra la mayor superficie de deforestación registrada en la Amazonía peruana y, además, una gran parte de esos espacios son utilizados para el cultivo ilegal de hoja de coca. Desde el aire, según ún reportaje de Epicentro.TV, es posible identificar pistas clandestinas casi perfectas que se encuentran tomadas por el crimen organizado. A ello se suma la advertencia de las autoridades brasileñas sobre la presencia del grupo narcotraficante Comando Vermelho operando en territorio peruano.
El Ejecutivo dio luz verde a proyectos de integración vial hacia la frontera con Brasil. Entre ellos figura la habilitación de la UC-105, una carretera que parte desde Pucallpa y busca enlazarse con Atalaya, atravesando localidades como Bolognesi, Nueva Italia y Puerto Breu, este último en zona fronteriza. La vía se proyecta como un eje de conexión internacional, aunque sin garantías claras de control estatal ni de mitigación de impactos.
La iniciativa legislativa que dio origen a esta obra fue impulsada desde el Congreso por Fuerza Popular. En particular, la congresista Jeny López Morales, representante de Ucayali y presidenta de la Comisión Agraria. No es la primera vez que su agenda legislativa genera controversia: anteriormente promovió la denominada "Ley Antiforestal 2.0", cuestionada por debilitar los mecanismos de protección ambiental.
Diversos analistas sostienen que la apertura de carreteras en contextos de débil presencia estatal suele traducirse en un aumento de la deforestación, la expansión de cultivos ilícitos y la consolidación de rutas para el tráfico de drogas. En territorios indígenas vulnerables, además, este tipo de infraestructura incrementa los riesgos de invasiones, violencia y desplazamientos forzados.
En ese marco, la promulgación de la ley que habilita la UC-105 no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una política que prioriza la conectividad sin atender de manera efectiva los impactos sociales, ambientales y de seguridad.
La preocupación central es que, bajo el discurso del desarrollo, el Estado termine normalizando corredores que hoy sirven al crimen organizado y profundizando una crisis que afecta a toda la Amazonía peruana.
Aquí puedes ver el reportaje completo de Epicentro.TV.
