Una reciente capacitación organizada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, dejó al descubierto cómo empezará a aplicarse en la práctica la polémica modificación de la nueva Ley APCI (Ley Nº 32301). Aunque el discurso oficial insiste con su pretendida "transparencia" y el "perfeccionamiento del sistema de cooperación internacional", lo que realmente se muestra es un nuevo mecanismo que va a perjudicar el funcionamiento cotidiano de las ONG: la exigencia de una conformidad previa electrónica para ejecutar actividades financiadas con cooperación internacional.
De acuerdo con lo explicado por los funcionarios de la APCI, esta conformidad se materializará mediante una constancia electrónica enviada a la casilla digital de cada organización, la cual servirá como autorización para iniciar determinadas actividades. El sistema se implementará de manera progresiva a través de la plataforma virtual de la entidad. Mientras tanto, las organizaciones pueden seguir operando bajo el esquema actual, que no exige una validación previa para ejecutar sus intervenciones.
El nuevo procedimiento introduce un principio que antes no existía: la necesidad de contar con una señal de "luz verde" del Estado antes de ejecutar actividades financiadas con cooperación internacional.
Democracia Conectada
Durante la capacitación, los expositores resaltaron que la entidad no diseñó la modificación de la ley, sino que se limita a reglamentar lo aprobado por el Congreso de la República. Sin embargo, en la práctica, la implementación administrativa de la norma podría convertirse en un filtro previo que condicione la ejecución de proyectos sociales, investigaciones periodísticas que involucren al Estado o actividades de incidencia pública impulsadas por organizaciones de la sociedad civil.
El mecanismo forma parte de un sistema de control más amplio que priorizará la revisión de planes anuales de actividades y reportes periódicos de las organizaciones. Incluso los registros institucionales se tramitarán mediante declaraciones juradas con aprobación automática, aunque con verificaciones posteriores que podrían derivar en procesos de fiscalización o sanción.
Otro de los anuncios realizados durante la capacitación fue el fortalecimiento de la articulación entre la APCI, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que permitirá un mayor intercambio de información financiera y tributaria sobre las organizaciones que manejan fondos de cooperación internacional.
Las cifras reveladas por la propia agencia reflejan el incremento del control estatal sobre estas entidades. Solo en 2025, la APCI realizó 581 fiscalizaciones, quintuplicando las 113 efectuadas el año anterior. Como resultado de estas acciones, se iniciaron 119 procesos de instrucción. Ahora, la referida entidad viene preparando un nuevo plan anual de fiscalización que será aprobado y difundido próximamente.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, estos cambios se dieron como un mecanismo de venganza contra las ONG por parte del Congreso. En un contexto donde la sociedad civil cumple un rol clave en la fiscalización del poder, la combinación de autorizaciones previas, cruces de información y fiscalizaciones en aumento abre el siguiente debate: hasta qué punto los mecanismos de transparencia pueden transformarse en herramientas de control sobre quienes vigilan al propio Estado.
