El pasado 18 de marzo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sostuvo una reunión con la Agencia de Cooperación Internacional de Tailandia (TICA) para aprobar el nuevo Programa de Cooperación Técnica 2026-2028, el cual contempla cinco proyectos enfocados en desarrollo alternativo, salud pública, sistema satelital, medio ambiente y cooperación al desarrollo.
Sin embargo, este esfuerzo en conjunto contrasta con una triste realidad: ambos países vienen endureciendo sus políticas hacia las organizaciones de la sociedad civil, quienes enfrentan mayores niveles de control, fiscalización, presión política y sobre todo afectan la autonomía de su labor, especialmente aquellas que trabajan en la defensa de derechos humanos.
En el caso de Perú, la promulgación de la nueva Ley APCI (Ley N.º 32301) ha sido cuestionada por limitar el accionar de las ONG, al imponer mayor supervisión e incluso autorización previa del Estado sobre el uso de fondos de cooperación internacional.
Por su parte, en Tailandia, normativas como la Ley contra el Lavado de Dinero (AMLA) han sido utilizadas para monitorear y restringir el financiamiento de organizaciones, particularmente aquellas que reciben recursos del extranjero o desarrollan actividades vinculadas a derechos humanos.
Más allá de las normas, el clima para las organizaciones independientes se ha deteriorado. En Tailandia, entidades como Amnistía Internacional han enfrentado pedidos de expulsión por parte de funcionarios y campañas de presión debido a su labor de denuncia.
En Perú, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la nueva legislación podría afectar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables, esto al limitar el trabajo de aquellas que brindan asesoría legal gratuita a personas que fueron víctimas de violación de delitos de lesa humanidad por parte del Estado. Además, también afecta la libertad de expresión, ya que los medios independientes que reciben fondos de cooperación internacional deben contar con aprobación previa de la APCI para utilizar esos recursos cuando sus investigaciones involucren al Estado.
El contraste es evidente: mientras Perú y Tailandia promueven proyectos de desarrollo y cooperación internacional, refuerzan mecanismos que debilitan a los actores que históricamente han contribuido a la defensa de derechos y al fortalecimiento democrático.
Esta aparente contradicción abre un debate de fondo sobre el verdadero alcance de estas alianzas: ¿se puede hablar de desarrollo sostenible cuando se restringe el espacio cívico?
