Los gremios del transporte de Lima y Callao evalúan iniciar un nuevo paro de actividades para el 2026, esto en medio de una creciente crisis de inseguridad que ha convertido a su trabajo diario en un riesgo constante. La razón principal de dicha postura es el reciente incremento de las exigencias económicas impuestas por las bandas criminales que operan en las principales rutas urbanas e interurbanas: los llamados cupos que conductores, cobradores y empresas deben pagar fueron triplicados al inicio del año, según denuncian dirigentes del sector. Esta presión extorsiva llega en un contexto marcado por la violencia en el 2025 que dejó cifras alarmantes.
Organizaciones como la Cámara Internacional de Transportes y la Alianza Nacional de Transportistas han expresado su indignación ante lo que consideran una falta de respuesta eficaz por parte del Estado. Martín Ojeda, representante de la Cámara, señaló para La República que los grupos delictivos han elevado el cobro de cupos de S/ 10 a S/ 30, una carga que muchos ya no pueden sostener sin ver mejoras reales en la seguridad de las rutas.
Los líderes gremiales subrayan que esta escalada de cobros obligados no solo amenaza la economía familiar de los trabajadores, sino también a su derecho fundamental a la seguridad, y algunos incluso están dispuestos a debatir medidas de fuerza si las autoridades continúan sin garantizar protección efectiva.
Ojeda dijo para el referido diario que la última reunión con el gobierno fue hace una semana, luego del atentado contra la empresa de transporte Translicsa, cuando unos extorsionadores lanzaron una granada de guerra al interior de un bus en el distrito de San Martín de Porres.
El 2025 fue uno de los años más violentos para el sector. Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y noviembre se reportaron 121 ataques extorsivos que afectaron a unidades de servicio público en Lima y Callao, dejando un saldo oficial de al menos 60 conductores asesinados. Las organizaciones gremiales sostienen que la cifra podría ser aún mayor, superando los 80 fallecidos, cuando se consideran a mototaxistas, colectiveros y camioneros que también han sido blanco de sicarios, explosivos e incendios provocados.
Estas cifras y el aumento de los cobros ilegales han llevado a los trabajadores a plantearse una nueva protesta colectiva, en un intento por exigir al Gobierno y a las fuerzas de seguridad que respeten su derecho a desempeñar su labor sin amenazas ni violencia. Para muchos transportistas, acceder a ese derecho ha dejado de ser una simple aspiración: es una necesidad urgente que, de no ser atendida, podría desencadenar acciones de fuerza en las calles en los próximos meses.
