• miércoles, 27 de ago de 2025, 6:48 p. m.

Gálvez retira a Vela y Pérez tras disolver el Equipo Especial Lava Jato: se debilita la lucha contra la corrupción

  • por Democracia Conectada

En una decisión que ha sacudido al sistema de justicia penal y a la sociedad civil peruana, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ordenó la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, unidad creada en 2016 para investigar los casos de corrupción más emblemáticos del país, entre ellos el desvío de recursos vinculados a la constructora brasileña Odebrecht y otros delitos afines. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 007-2026-MP-FN, publicada el 6 de enero de 2026, que además contempla la disolución de otros equipos especiales como Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha documentado en un informe que esta desactivación no solo atenta contra la independencia fiscal, sino que también supone una venganza política dirigida a apartar de las investigaciones a fiscales clave como Rafael Vela y José Domingo Pérez. Según el reporte, al margen de los argumentos formales, la decisión carece de sustento técnico y parece orientada a favorecer intereses de impunidad.

Los logros del Equipo Especial Lava Jato 

El trabajo del Equipo Especial no fue improductivo: durante nueve años de labor intensiva logró decenas de sentencias condenatorias y recuperó montos millonarios en reparación civil, cifras que evidencian la eficacia del grupo en delitos complejos de corrupción y lavado de activos. Conforme recalca el informe del IDL, este conjunto de resultados demuestra que la unidad no solo tenía sentido técnico, sino un impacto real en la persecución de la corrupción transnacional.

  1. 336 acusados (personas naturales).
  2. 61 personas jurídicas (sobre las que se solicita sanciones como disolución y liquidación, multa).
  3. 148 personas con solicitud de sobreseimiento total.
  4. 104 terceros civilmente responsables.
  5. Pena Privativa de la Libertad que fluctúan entre los 09 años a 35 años.
  6. Pena de días multa que fluctúan entre 180 días multa a 1703 días multa.
  7. Pena de inhabilitación perpetua para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público (art. 36.2 concordado con el art. 38 del Código Penal). Entre otros.
  8. 75 sentencias condenatorias.
  9. Reparación civil de S/. 1 520’ 419 919.88 soles

Para organizaciones defensoras de derechos humanos y justicia en el país, la medida representa un avance preocupante hacia la impunidad y la erosión de la autonomía institucional. En un contexto donde la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de derecho siguen siendo desafíos centrales para la democracia peruana, este retroceso amenaza no solo casos particulares sino la capacidad del sistema de justicia para sostener investigaciones de alto impacto sin interferencias indebidas.

Lee el informe completo del IDL haciendo clic en el siguiente enlace. Aquí podrás conocer a detalle todo sobre esta venganza política del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.