Más de 100 personas acusadas por graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, abuso de autoridad y otros crímenes de lesa humanidad, presentaron solicitudes para acogerse a las leyes de prescripción (Ley Nº32107) o amnistía (Ley Nº32419) aprobadas recientemente en el Perú, esto con la intención de archivar sus causas o evitar condenas.
A fines de 2024, la jueza Miluska Cano López decidió inaplicar la Ley Nº 32107 y emitió sentencias contra el exjefe de inteligencia militar Juan Rivero Lazo y los exintegrantes del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue, quienes recibieron penas de entre 15 y 20 años por su participación en las masacres de Pativilca y por los secuestros y ejecuciones del caso La Cantuta.
Este avance duró poco. Semanas más tarde, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó excarcelar a Rivero Lazo alegando exceso de prisión preventiva, una decisión que debilitó el mensaje de firmeza judicial frente a los crímenes del pasado.
La situación se agravó cuando, en agosto de 2025, Rivero Lazo apareció en Palacio de Gobierno, recibido por la entonces presidenta Dina Boluarte. En el mismo acto, la exmandataria promulgó la Ley Nº 32419, una amnistía general para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas investigados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. La señal fue inequívoca y clara: las puertas de la impunidad están abiertas.
De acuerdo a un informe de Ojo Público, al menos 104 personas procesadas por violaciones graves de derechos humanos solicitaron acogerse a beneficios derivados de las leyes de prescripción y amnistía. Del total, el 71 % pidió la prescripción de sus procesos, mientras que el 29 % optó por la amnistía.
Estos pedidos tienen como respaldo la norma aprobada por el Congreso que, tras la declaratoria del Tribunal Constitucional, mantiene vigentes los plazos de prescripción y habilita mecanismos legales capaces de extinguir cualquier responsabilidad penal.
Entre los casos que podrían quedar en el olvido figuran acciones judiciales por masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la lucha contra el terrorismo (1980-1990). Organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han alertado que la ley que concede amnistía humanitaria que permite liberar a personas mayores de 70 años con sentencias firmes y viola obligaciones internacionales suscritas por el Estado peruano.
