Dos años después de la muerte violenta del apu kichwa Quinto Inuma Alvarado, asesinado en la Amazonía peruana en un atentado que conmocionó al país, hoy se inicia el juicio oral que puede ofrecer por primera vez una respuesta judicial firme en un caso emblemático de violencia contra defensores indígenas.
Con la solemnidad que exige un caso que ha puesto en tela de juicio las garantías de protección para quienes defienden la vida en los territorios ancestrales, este martes comenzó en la capital el juicio oral contra cinco hombres acusados del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena kichwa y defensor ambiental.
Inuma fue abatido a balazos el 29 de noviembre de 2023 en la región amazónica de San Martín, cuando regresaba a su comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu luego de participar en una reunión de defensores ambientales en Pucallpa. En el ataque, además, fue herida otra comunera, Axeldina Barbarán, con quienes navegaba por el río Yanayacu.
El caso no solo conmocionó por la brutalidad del crimen, sino porque el líder indígena había denunciado en repetidas ocasiones la tala ilegal y otras actividades ilícitas en su territorio, recibiendo amenazas de muerte que, según allegados y organizaciones, no fueron acompañadas de medidas de protección efectivas a pesar de existir mecanismos estatales que debían garantizar su seguridad
Tras más de dos años de investigación, el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia, con sede en Lima, abrió este lunes la etapa de juicio oral. En la sala se sientan cinco acusados que enfrentan cargos por homicidio calificado y sicariato en lo que la Fiscalía ha calificado como un asesinato por encargo. La defensa pública y las partes civiles se preparan para escuchar durante los próximos días la presentación de 22 testigos y ocho peritos, que forman parte del acervo probatorio.
La Fiscalía solicita cadena perpetua para los presuntos responsables y reparación civil tanto para la familia de Inuma como para Barbarán, quien continúa lidiando con las secuelas del ataque.
Para las organizaciones indígenas y colectivos defensores de derechos humanos, este juicio no es un hecho aislado, sino una prueba de fuego sobre la capacidad del Estado peruano de hacer frente a la violencia estructural contra quienes defienden la Amazonía y los derechos territoriales. Observadores internacionales, entre ellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, están atentos a cada movimiento procesal, conscientes de que el desenlace podría marcar un precedente en un país donde crímenes similares rara vez alcanzan esta fase de esclarecimiento judicial.
