El Perú atraviesa un momento particularmente grave en materia de derechos humanos, quizá el más crítico desde los años más duros de la violencia interna. No se trata de una crisis aislada, sino de un proceso sistemático de debilitamiento de los derechos, por supuesto que impulsado desde el propio Estado. Lo que hoy se observa es un desmontaje progresivo de principios básicos: verdad, justicia, igualdad y no discriminación. Todo esto ocurre bajo un discurso que minimiza las obligaciones internacionales del país y normaliza el retroceso.
La sucesión de leyes promovidas y aprobadas desde el Congreso, en complicidad con el Ejecutivo, revela una política perversa. Entre estos atropellos destaca la eliminación del "enfoque de igualdad de género" en las políticas públicas, sustituido por una interpretación superficial de "igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", una decisión que vacía de contenido décadas de avances normativos y sociales.
La ley promovida por la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) obliga a que las entidades del Estado, como el Congreso, Ejecutivo, poder Judicial, gobiernos regionales y locales, reemplacen la mención de "género" por un enfoque centrado en mujer y varón, reconociendo "igualdad de oportunidades" como su principio rector. Además, La reforma también modifica los lineamientos de educación sexual: la "Educación Sexual Integral" será reemplazada por una enseñanza basada en criterios "científicos, biológicos y éticos". La reforma genera un retroceso que debilita los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTQ+.
Por otra parte, la promulgación de la ley que declara la prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad representa una ruptura frontal con el derecho internacional y con los compromisos asumidos por el Estado peruano, mismo que ha renunciado a la justicia. Estos crímenes, por su naturaleza, no prescriben, sino que promueven la impunidad.
Tampoco se debe olvidar la ley de amnistía incondicional otorgada a militares, policías y grupos paramilitares acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Bajo el pretexto de "reconciliación" o "pacificación", se pretende cerrar procesos judiciales sin verdad, sin investigación y sin reparación a las víctimas. Esta amnistía no reconcilia; revictimiza, borra responsabilidades y consolida un relato oficial que minimiza ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
La suma de estos retrocesos revela un Estado que ya no protege, sino que administra la impunidad. Un Estado que elimina herramientas para combatir la discriminación, que cierra las puertas a la justicia por crímenes atroces y que normaliza la violación de principios fundamentales. No es exagerado afirmar que los derechos humanos atraviesan su hora más oscura en el Perú, porque hoy se cuestionan no solo políticas públicas, sino valores esenciales que sostienen la convivencia democrática.
