Han pasado más de tres años desde que las manifestaciones contra la asunción de Dina Boluarte a la presidencia dejaron decenas de personas fallecidas y cientos de heridas en distintas regiones del país. En ese contexto aún marcado por reclamos de verdad y justicia, la exmandataria solicitó acceder a una pensión vitalicia como expresidenta, pedido que fue finalmente desestimado por el Congreso de la República.
La decisión parlamentaria se produce mientras las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023 siguen sin resolverse plenamente. Para familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, el contraste entre la demanda de un beneficio económico y la falta de responsabilidades políticas y penales continúa generando cuestionamientos.
El informe elaborado por el área de asesoría laboral del Congreso concluyó que la solicitud de Boluarte no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Según ese análisis, el beneficio de la pensión vitalicia está reservado únicamente para quienes hayan ejercido la presidencia tras ser elegidos por voto popular, condición que no se cumple en el caso de la exjefa de Estado.
A solo 10 días de dejar el cargo, Dina Boluarte envió un documento al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en el cual solicitaba pensión vitalicia, además de otros beneficios que gozan los exjefes de Estado. "Solicito que se me asignen los beneficios logísticos señalados en el acuerdo de la Mesa Directiva N°78 del 2016", detalló Boluarte.
Boluarte accedió al cargo luego de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022. Desde entonces, su gestión estuvo acompañada por un ciclo de protestas sociales que fue respondido con el despliegue de fuerzas policiales y militares, hechos que derivaron en graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con informes nacionales e internacionales.
Aunque la decisión del Congreso se basó en argumentos estrictamente legales, el pedido de la exmandataria generó cuestionamientos por el contexto en el que fue presentado. Para diversos sectores, la solicitud de un beneficio vitalicio contrastó con la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones por las muertes registradas durante las protestas.
Con esta decisión, el Parlamento cerró el intento de Dina Boluarte de acceder a una pensión financiada por el Estado, al menos por ahora; sin embargo, más allá del desenlace administrativo, el contraste entre la negativa al beneficio y la persistente falta de justicia por las muertes en las protestas continúa marcando uno de los capítulos más críticos de la reciente historia política del país.
