En solo dos años, el número de niñas y adolescentes alojadas en el albergue "La Casa del Padre" pasó de 12 a 36, según cifras oficiales revisadas recientemente. El incremento no solo triplica la población de menores bajo cuidado, sino que expone una grave crisis de protección social frente a niñas forzadas a ser madres tras ser víctimas de violencia sexual, situando una vez más al Estado frente a preguntas urgentes sobre su capacidad para garantizar la seguridad y los derechos de la niñez.
En la más reciente intervención conjunta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio Público, realizada el pasado 12 de febrero tras las denuncias públicas relacionadas con el albergue fundado por la congresista y candidata a la reelección como diputada por Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, se registró la presencia de 36 menores, una cifra que supera ampliamente el límite autorizado para el establecimiento, cuyo aforo oficial es de 16 niñas, según información del propio sector.
Como se recuerda, hace poco se difundieron imágenes del albergue de la parlamentaria donde se observa en un acto público a niñas de 10 y 13 años que fueron víctimas de violación. Ellas aparecen con la misma vestimenta y cargando en brazos a sus bebés, mientras que Jáuregui se encuentra brindando un discurso.
A enero de 2026 se registraron 235 Centros de Acogida Residencial (CAR), pero solo 12 están especializados en niñas y adolescentes gestantes o madres. La mayoría de estos espacios es gestionada por entidades privadas, bajo supervisión estatal. Su misión es brindar atención integral, acompañamiento psicológico y condiciones seguras para menores separadas de sus familias por situaciones de abandono, violencia o abuso.
Las cifras acumuladas en los últimos diez años muestran que más de 11.000 niñas menores de 15 años dieron a luz en el país. Cada uno de esos casos constituye, por definición legal, un presunto delito de violencia sexual.
El fenómeno no es aislado ni reciente. La persistencia de embarazos en niñas revela fallas en prevención, educación sexual integral, acceso a justicia y protección oportuna. Muchas de estas menores terminan bajo tutela institucional, enfrentando no solo la maternidad forzada, sino también el impacto psicológico del abuso.
La realidad del problema no es aislado ni reciente, solamente en el 2025 se registraron más de 24 mil embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales 533 fueron por casos de violencia sexual. Además, entre enero y julio de ese año hubo 4,814 denuncias por violaciones a menores de 0 a 17 años.
