En 2025, la situación de quienes ejercen el periodismo en el Perú se ha tensado hasta rozar niveles alarmantes, con múltiples agresiones y asesinatos que ponen en entredicho la protección de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Distintos informes y testimonios recogidos a lo largo del año revelan que la violencia dirigida contra periodistas no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia creciente que afecta tanto a profesionales en regiones como en la capital.
Durante este año, el periodismo peruano ha sufrido una escalada sostenida de ataques. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), entre enero y septiembre se registraron más de 250 agresiones contra periodistas y medios, cifra que incluye desde amenazas y hostigamientos hasta asesinatos. En el mismo periodo, al menos cuatro comunicadores fueron asesinados en distintas regiones del país, actos que gremios periodísticos y defensores de derechos humanos atribuyen directamente a su labor de investigación.
Los casos más dramáticos ocurrieron en lugares donde el crimen organizado y la corrupción local ejercen fuerte influencia. En Ica y en Iquitos, periodistas que investigaban asuntos locales y de poder fueron acribillados, mientras que en La Libertad un director de medio fue víctima de un atentado coordinado desde un penal. En la Amazonía, otro colega resultó gravemente herido en un ataque con arma de fuego que finalmente le costó la vida días después.
La violencia contra la prensa en 2025 no se limita a asesinatos. Muchos periodistas regionales han denunciado amenazas, campañas de desprestigio, presión judicial y acoso digital relacionado con sus investigaciones. Un reportero que documentaba actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado recibió advertencias explícitas y amenazas de secuestro si continuaba con su trabajo, lo que lo obligó a refugiarse y paralizar su labor.
En Lima y otras ciudades, comunicadores también han sido objeto de intimidación judicial y seguimientos, incluso en casos en que sus trabajos han puesto bajo escrutinio a autoridades o grupos de poder. Estas prácticas no solo vulneran la integridad de las personas, sino que refuerzan un clima de miedo que puede conducir a la autocensura y limitar la pluralidad informativa en el país.
Organizaciones como la ANP, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Committee to Protect Journalists (CPJ) han señalado de manera conjunta que la respuesta estatal es insuficiente para enfrentar esta crisis. Los mecanismos de protección existentes no cuentan con recursos ni capacidad operativa para responder con rapidez, y las investigaciones por agresiones y asesinatos rara vez identifican a los autores intelectuales detrás de los ataques.
Además, la tendencia de criminalizar el trabajo periodístico a través de querellas, campañas estigmatizantes o presiones legislativas ha aumentado el riesgo para quienes investigan la corrupción, el crimen organizado y la gestión pública. Expertos advierten que sin una política integral que garantice seguridad, independencia y justicia, la libertad de prensa en el Perú seguirá deteriorándose.
