La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su "profunda preocupación" porque la orden judicial que dispone la reincorporación de la fiscal Delia Espinoza aún no se haya ejecutado. La jurista alertó que las sucesivas acciones en su contra —desde procedimientos disciplinarios hasta la reducción de su escolta y las mociones parlamentarias— configuran, en su opinión, una presión que amenaza la independencia judicial.
Además, la representante de la ONU indicó que es alarmante que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abriera una investigación por abuso de autoridad contra el juez Juan Torres Tasso, quien ordenó reincorporar a Delia Espinoza.
Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso; únicamente por desempeñar su función como Fiscal Suprema y Fiscal General de la Nación del sistema judicial peruano, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU
En ese marco, la controversia escaló cuando la Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que recomienda la inhabilitación de Espinoza por diez años y autorizó una investigación penal por presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. La decisión, que ha sido cuestionada por la propia fiscal y por observadores nacionales e internacionales, dejó el caso en la encrucijada entre la esfera judicial y la política.
El Parlamento la acusó por supuestos "abuso de autoridad" e "infracción constitucional", señalando que habría excedido sus competencias al dirigir investigaciones contra altos funcionarios. Según la denuncia constitucional, Espinoza habría desatendido la Ley 32130 y desconocido disposiciones internas de la Fiscalía. Sin embargo, estas imputaciones han sido cuestionadas por especialistas que advierten inconsistencias, uso político de la figura de inhabilitación y un procedimiento acelerado.
La exfiscal de la Nación rechazó categóricamente las acusaciones y sostuvo que su inhabilitación es un acto de represalia impulsado por congresistas y personajes vinculados a investigaciones sensibles. Señaló que el proceso parlamentario se convirtió en un mecanismo para capturar el Ministerio Público, especialmente luego de que dirigiera indagaciones relacionadas a legisladores y a supuestos miembros de la red de la exfiscal Patricia Benavides.
Satterthwaite subrayó que la falta de cumplimiento de órdenes judiciales abre la puerta a una crisis mayor. Para la relatora, desobedecer resoluciones que amparan a funcionarios perseguidos por decisiones políticas quiebra las bases del Estado de derecho y proyecta un mensaje peligroso: que el Parlamento puede utilizar su mayoría para intervenir en entidades autónomas.
