En el Palacio de Gobierno camina uno de los hombres más cercanos al presidente José Jerí, se trata de su mano derecha, quien enfrenta graves investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción. Benito Villanueva Haro, secretario general del Despacho Presidencial, acumula cinco procesos abiertos por peculado, negociación incompatible y destrucción u ocultamiento de documentos públicos, de acuerdo a la información difundida en un reportaje de Punto Final.
La Contraloría General de la República identificó una presunta responsabilidad penal de Villanueva durante su gestión como gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Se le acusa de haber favorecido a un contratista en la compra de camionetas institucionales. Los informes de control señalan que el funcionario amplió los plazos y omitió observaciones técnicas, ocasionando perjuicio económico a la comuna.
Además, fotografías difundidas por el dominical en mención confirman los lazos de Villanueva con Patricia Li, lideresa de Somos Perú, quien también ha sido objeto de investigaciones y denuncias internas dentro de su partido.
Consultado por los cuestionamientos, Villanueva afirmó que las acusaciones carecen de sustento y aseguró haber respondido ante las instancias judiciales y administrativas correspondientes. "En mi trabajo como servidor público se me abrieron procesos administrativos, civiles y penales que han seguido su curso. Siempre me he defendido porque no tengo responsabilidad alguna", declaró.
Como se recuerda, el vínculo entre Villanueva y Jerí se remonta desde el año 2013, cuando ambos postularon como regidores con el partido Somo Perú en las Elecciones Municipales. Desde entonces, mantienen una relación política y de confianza que hoy se refleja en un cargo de alta relevancia dentro del Ejecutivo.
Sin embargo, Villanueva no es el único integrante del entorno presidencial que despierta cuestionamientos, el presidente Jerí mantiene vínculos con otros personajes que han sido señalados por su cercanía a intereses privados y redes políticas controvertidas. Entre ellos figuran asesores con antecedentes de procesos fiscales y vínculos con empresas contratistas del Estado, además de exfuncionarios que participaron en gestiones locales con observaciones de la Contraloría. Estas conexiones, sumadas a las denuncias que enfrenta su secretario general, han encendido alertas sobre la transparencia y los criterios de selección en las designaciones dentro de Palacio de Gobierno.
