El Congreso de la República inició el debate de un proyecto de ley que pretende eximir de responsabilidad penal a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas involucrados en las muertes o lesiones ocurridas durante las manifestaciones sociales de los últimos años.
La iniciativa legislativa, impulsada por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, plantea modificar el artículo 20 del Código Penal para otorgar inmunidad a los efectivos que, en "cumplimiento de su función constitucional" y uso reglamentario de armas y otros medios de defensa, causen daños a bienes públicos, privados o al propio personal policial o militar.
La propuesta no se queda en la exención penal: también propone ajustar el artículo 92 del Código Penal para que quienes queden amparados por la nueva regla no estén obligados a pagar reparación civil, incluso en casos de muerte o lesión grave de civiles en el marco de protestas.
La exposición de motivos del proyecto contextualiza la medida recordando que, durante las protestas desarrolladas entre 2022 y 2023, se produjeron bloqueos de carreteras, daños a la infraestructura pública y enfrentamientos con las fuerzas del orden. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, esos hechos dejaron un saldo de 48 personas fallecidas y decenas de heridas, además de más de 280 policías y 47 militares sometidos a investigaciones judiciales por presunto uso excesivo de la fuerza.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es su aplicación retroactiva, ya que permitiría beneficiar a los agentes actualmente denunciados o procesados por hechos ocurridos durante las protestas en ese periodo. De aprobarse, la medida podría tener impacto directo en los casos que aún se encuentran en curso ante el Ministerio Público o el Poder Judicial.
El documento argumenta que los efectivos no deben ser criminalizados por cumplir con su deber frente a situaciones de violencia o alteración del orden público. Sin embargo, la propuesta genera debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde diversas voces alertan que esta medida podría restringir el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas del Estado.
De aprobarse, la iniciativa representaría un cambio sustancial en la regulación del uso de la fuerza en contextos de protesta social, al introducir criterios que limitan la responsabilidad penal de las fuerzas del orden. Su debate continuará en el Congreso, mientras organismos nacionales e internacionales de derechos humanos observan con atención sus posibles implicancias en la protección de la vida y el debido proceso.
