La Corte IDH insta a Perú a proteger la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos, advirtiendo sobre posibles represalias por la nueva Ley APCI.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una resolución que ordena al Estado peruano proteger el derecho a defensa de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Esto incluye garantizar que continúen siendo representadas por las organizaciones que las acompañan, sin temor a represalias derivadas de la Ley APCI, recientemente aprobada por el Congreso. Esta decisión se basa en la preocupación de que la Ley vagamente formulada pueda ser utilizada como un método de presión contra las ONGs.
En un contexto donde más de 300 periodistas, editores y asociaciones internacionales han manifestado su apoyo a las organizaciones de derechos humanos, la Corte IDH ha resaltado que la sola posibilidad de sanciones contempladas por la Ley APCI podría violar el artículo 53 de su reglamento. Este artículo resalta el derecho de las víctimas a elegir libremente su defensa basada en confianza y capacidad técnica.
Las organizaciones Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) y Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) presentaron un pedido que subraya la gravedad y urgencia de la situación, indicando que el marco legal establecido podría obstaculizar su labor de representación y acceso a la justicia para las víctimas.
Según el informe Curtailing Civic Space: Tightening Restrictions on Civil Society in the Americas, elaborado por el Washington Office on Latin America (WOLA), Perú ha comenzado a implementar regulaciones que restringen activamente la libertad de asociación. El análisis señala que el país se encuentra alineado con naciones como Venezuela y Paraguay en cuanto a la represión de la sociedad civil.
Las autoras del informe, Maureen Meyer y Corie Welch, afirman que el gobierno peruano ha aprobado leyes que buscan obstaculizar el funcionamiento de organizaciones que trabajan en derechos humanos y otras entidades, lo que invita a la comparación con regímenes de control más estrictos, como en Rusia y Nicaragua. Esta tendencia ha llevado a un entorno donde las organizaciones civiles luchan por su existencia y capacidad de acción.
En un momento en que las ONGs enfrentan presiones adicionales, el impacto de la Ley APCI se traduce en un entorno más hostil para la defensa de los derechos humanos en Perú. La Corte IDH subraya que tales medidas pueden disuadir a las organizaciones de seguir trabajando en favor de las víctimas, afectando gravemente su derecho a la defensa.
