En América Latina, el sistema penitenciario atraviesa uno de los momentos más críticos, ya que se registró un incremento acelerado de personas privadas de libertad. Entre el 2000 y el 2018, el número de internos en la región aumentó más del doble, pasando de 644.000 a 1.572.000 reclusos. Los mayores incrementos de población penitenciaria se dieron en El Salvador (411%), Ecuador (398%), Paraguay (323%), Venezuela (302%), Guatemala (248%) y Perú (228%). Esta expansión supera con creces la capacidad de infraestructura y gestión que poseen los sistemas carcelarios, dificultando cualquier política de tratamiento o reinserción social.
En Perú, el panorama refleja una crisis estructural. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) administra 67 establecimientos con cerca de 90 mil personas recluidas, esto a pesar de que la infraestructura solo permite albergar aproximadamente a 40 mil, según el informe Perú: seguridad ciudadana y derechos humanos de la CNDDHH.
Los centros penitenciarios más críticos muestran niveles de saturación que sobrepasan ampliamente su capacidad. Penales como Chanchamayo (553%), Jaén (522%), Callao (471%), Camaná (453%), Abancay (398%) y Lima-Miguel Castro Castro (375%) presentan sobrepoblaciones. Mientras tanto, las iniciativas para construir nuevas prisiones se postergan indefinidamente, a pesar de que el Tribunal Constitucional otorgó al Estado plazos que tampoco se han cumplido.
Aunque algunos exfuncionarios sostienen que no existen motines, balaceras o dominio criminal explícito dentro de los penales, esta aparente calma no refleja una convivencia adecuada. La precariedad del sistema ha transformado a las cárceles en espacios donde no solo se abandona la rehabilitación, sino donde el delito se reorganiza y fortalece. La falta de control estatal ha permitido que grupos criminales articulen estructuras que operan dentro y fuera de los penales.
En lugar de propiciar reinserción, las prisiones se han convertido en un terreno fértil para que redes ilícitas amplíen su influencia. Bandas como el "Tren de Aragua" consolidan poder, manejan territorios y diversifican actividades ilícitas desde el interior de las cárceles. Esta "gobernanza criminal" se sostiene sobre la ausencia de políticas públicas eficaces y la inexistencia de un sistema penitenciario capaz de contener y reformar conductas delictivas.
Frente a esta situación, han surgido propuestas que plantean alternativas extremas o privatizaciones parciales, así como la excarcelación mediante grilletes electrónicos. Sin embargo, algunas iniciativas recientes, como enviar reclusos de alta peligrosidad a otros países, evidencian más bien la renuncia del Estado a enfrentar la crisis con medidas propias. Se requiere infraestructura adecuada, pero también un modelo penitenciario que priorice seguridad, rehabilitación e integración futura.
