La inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia en el Perú alcanzó niveles alarmantes este año. El último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela que la inseguridad no es una amenaza latente, sino real y creciente: solamente entre enero y agosto de 2025 se registraron 1,513 homicidios, de los cuales 67 víctimas eran menores de edad. Agosto fue uno de los meses más violentos de la última década, ya que se registraron 209 asesinatos.
El informe también detalla que los jóvenes trabajadores son los más afectados: 7 de cada 10 víctimas de crímenes violentos tenían menos de 40 años y la mayoría realizaba labores vinculadas al transporte.
Además, el crimen ya no es un asunto de zonas remotas exclusivamente: la costa norte, con Tumbes, Trujillo y Sullana, concentra una alta incidencia de violencia, al igual que en los diferentes distritos del Callao.
La extorsión tuvo un acelerado crecimiento, pero el Gobierno de Dina Boluarte se encuentra paralizado y parece no prestar atención a los trágicos indicadores: en ocho meses se reportaron 18 mil denuncias, aunque apenas hubo 32 presos más a diferencia del 2018, esto evidencia una respuesta estatal que no está a la altura de la magnitud del problema.
El robo asociado al manejo de dinero también es significativo: en los últimos tres meses, 18 % de los hogares fueron víctimas de robo al pagar, retirar o transportar dinero, lo que en volumen poblacional equivale a más de tres millones y medio de personas.
Por otra parte, la percepción ciudadana subraya la profundidad del problema: un 78 % de los adultos considera que el dinero proveniente de las actividades ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, extorsión, etc.) influirá en los próximos resultados electorales. Además, el 67 % anticipa posibles actos de intimidación o violencia durante la campaña política.
El último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia muestra un panorama inquietante sobre quiénes son las principales víctimas de homicidios en el Perú. Los datos confirman que el crimen golpea con mayor fuerza a trabajadores del sector transporte.
Los transportistas, conductores de mototaxis, taxis y vehículos de transporte urbano, aparecen como el grupo más vulnerable, pues operan en zonas dominadas por la extorsión y bajo permanente amenaza de bandas criminales.
