El dirigente asháninka Fabián Antúnez, reconocido por liderar la defensa del territorio y los derechos de las comunidades indígenas del río Tambo (Junín), ha sido acusado por la Fiscalía de Satipo por los presuntos delitos de secuestro y homicidio. La acusación surge luego de liderar una protesta para exigir justicia y protección estatal por la gran cantidad de asesinatos de los comuneros del pueblo asháninka, quienes perdieron la vida a manos del narcotráfico.
La movilización encabezada por Antúnez en abril de 2023 ocurrió en la zona de Puerto Ocopa, en Junín, luego del asesinato del histórico dirigente Santiago Contoricón y de la ausencia de una respuesta efectiva del Estado ante los actos del crimen organizado. Antúnez se ha convertido en un referente de la resistencia indígena, sin embargo, pocos conocen su historia, la cual estuvo marcada por la violencia debido a que la organización terrorista Sendero Luminoso mató a su padre y a ocho de sus hermanos.
Durante el proceso, la Fiscalía de Satipo enfrentó serias debilidades en su investigación, cuando un testigo clave contradijo la versión oficial y puso en evidencia inconsistencias en el expediente. A raíz de ello, el Ministerio Público implementó la Disposición de Aclaración Jurídica N.º 25-2025, modulando la acusación inicial de "homicidio ordenado" hacia la figura de autoría no ejecutiva, que responsabiliza al organizador de la protesta sin requerir que haya participado directamente en el hecho violento.
El cambio en la tipificación legal ha generado alerta entre organismos defensores de los derechos humanos que sostienen que el caso Antúnez refleja un patrón de criminalización a líderes indígenas que actúan en defensa del territorio y contra la violencia vinculada al narcotráfico, minería ilegal y la tala ilegal de bosques.
Frente a este escenario, el dirigente continúa en situación de incertidumbre procesal y las comunidades que él representa atraviesan un momento de especial vulnerabilidad. La acusación judicial no solo afecta a Antúnez personalmente, sino que alimenta el debate sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su participación en la protesta legítima y el papel del Estado en garantizar su seguridad ante la violencia estructural.
La vigencia del caso Antúnez destaca la necesidad de garantizar que los procesos judiciales se conduzcan con plena transparencia, respeto al debido proceso y sin vulnerar derechos fundamentales, en un contexto donde la defensa del territorio y de los derechos indígenas suele enfrentarse a riesgos penales y administrativos.
