La autógrafa recientemente publicada de lo que podría ser la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, si es que el Ejecutivo no lo observa, marca el retroceso más profundo que ha vivido el Perú en materia de derechos de las mujeres en las últimas tres décadas. No solo elimina el enfoque de género del marco legal peruano, sino que desmonta silenciosamente las herramientas que permitían identificar desigualdades, prevenir violencias y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. No estamos ante una actualización normativa: estamos ante un desmantelamiento.
Durante los últimos treinta años, el Perú avanzó con enormes dificultades, pero avanzó. A comienzos de los 2000, la creación del Ministerio de la Mujer —irónicamente durante el gobierno de Alberto Fujimori— representó un punto de inflexión. Fue el mismo presidente que, en la Conferencia de Beijing, declaró que "las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino" y que luego ejecutó una de las políticas más atroces contra ellas: las esterilizaciones forzadas, cuyas víctimas, hasta hoy, siguen sin reparación. A pesar de estos horrores, el país construyó instituciones, políticas y capacidades para enfrentar desigualdades históricas.
Lo que realmente cambia: un país sin herramientas para ver la desigualdad. La autógrafa elimina el enfoque de género y lo deja a secas, con una noción restringida de "igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres". ¿Qué significa? Que el Estado renuncia a analizar la discriminación de género como un fenómeno estructural, con raíces culturales, económicas e institucionales; niega la existencia de desigualdades que afectan a mujeres en su diversidad, y desconoce los compromisos asumidos por el Perú ante CEDAW, Belém do Pará y otros tratados internacionales.
Esta sustitución no es simbólica: afecta la capacidad del Estado para diseñar políticas de prevención de violencia, cerrar brechas económicas, garantizar derechos sexuales y reproductivos, asegurar educación sexual integral y hacer de los espacios laborales espacios libres de violencia y discriminación.
A esto se suma que la ley elimina toda referencia a los derechos sexuales y reproductivos y deroga la Política Nacional de Igualdad de Género, obligando a todas las entidades públicas a reescribir sus políticas en un año. Es un golpe técnico, político y simbólico: el país queda sin brújula.
Los datos hablan solos. Solo en 2025 (enero-agosto) hubo 105 feminicidios y 187 tentativas, y más de 22,600 casos de violencia sexual, de los cuales el 93.4% fueron contra mujeres y niñas.
Quitar el enfoque de género no borra estas cifras; solo dificulta que el Estado pueda explicarlas y actuar. Sin enfoque, la violencia deja de ser estructural y vuelve a ser "individual", es decir, un tema de conflicto familiar y tal vez privado. Sin enfoque, las víctimas se vuelven invisibles.
Y no solo en violencia. La brecha educativa persiste: los hombres tienen 13% más probabilidad de terminar secundaria, pero en zonas rurales la brecha llega al 50%. Estas son desigualdades que no se explican por el "sexo biológico", sino por condiciones sociales y económicas que afectan de manera distinta a niñas y mujeres. Golpe a la Educación Sexual Integral: más niñas expuestas, menos Estado presente.
La ley también elimina la Educación Sexual Integral y la reemplaza por una educación "biológica y ética", subordinada a las convicciones morales de los padres. Un retroceso que no solo contradice estándares internacionales, sino también sentencias de la Corte Interamericana, que ha definido la ESI como un derecho humano básico.
En un país donde, entre 2022 y 2025, más de 60 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual atendidas por los CEM, negar la ESI es condenarlas a mayor riesgo. Y en regiones como Condorcanqui, donde el 80% de agresiones ocurren en el ámbito educativo, retirar la ESI es prácticamente una sentencia de repetición del daño.
La nueva ley elimina todas las referencias explícitas a los tratados internacionales. Esto no solo contradice la Constitución —que reconoce su jerarquía— sino que abre la puerta a la inobservancia sistemática de los estándares de igualdad, no discriminación y debida diligencia que el Perú está obligado a cumplir.
Es una señal peligrosa: el Estado deja de mirarse en el espejo internacional y se repliega hacia un marco normativo que parece escrito en los años cincuenta.
Para quienes así lo consideran, la igualdad no es una agenda "de mujeres": es una agenda de país. Cuando la desigualdad se profundiza, el país se hace más pobre, más violento, más injusto.
Ninguna niña en el Perú merece que le estrechen el futuro. Ninguna merece que la ley que debería protegerla se convierta en la ley que deja de nombrarla. Esta norma no representa un país moderno: representa un país cansado, temeroso y dispuesto a retroceder incluso a costa de su propio desarrollo.
Pero el movimiento de mujeres ha demostrado una y otra vez que ningún retroceso es definitivo. Lo que estamos viviendo hoy no es el fin de la igualdad: es la prueba de cuánto debemos defenderla y eso es justamente, lo que vamos a hacer.
