En un giro que organizaciones defensoras de los derechos humanos califican como un retroceso significativo. El Congreso de la República aprobó un nuevo proyecto de ley que elimina cualquier referencia al "enfoque de igualdad de género". En su lugar, la norma consagra el concepto de "igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", bajo los argumentos de rectificar lo que sus promotores llaman "distorsión conceptual" en la legislación vigente.
La propuesta, conocida como PL N.º 8731/2024-CR y promovida por la congresista evangélica Milagros Jáuregui (Renovación Popular), fue aprobada en el Pleno con 79 votos a favor, lo que marcaría el fin del lenguaje y marco normativo con perspectiva de género en instituciones públicas, programas estatales y documentos oficiales.
La nueva ley obliga a que las entidades del Estado, como los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, los gobiernos regionales y locales, reemplacen la mención de "género" por un enfoque centrado en mujer y varón, reconociendo "igualdad de oportunidades" como su principio rector.
Además, toda referencia a "enfoque de género", "equidad de género" o "igualdad de género" en la normativa vigente deberá reinterpretarse automáticamente como "igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres".
Un punto especialmente polémico es que la nueva ley cambia cómo se capacitará a jueces y fiscales: en lugar de formación con enfoque de género, ahora se impartirá capacitación en "igualdad entre mujeres y hombres". Asimismo, se limita la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en estas capacitaciones si sus miembros han tenido litigios contra el Estado en tribunales nacionales o internacionales.
La reforma también modifica los lineamientos de educación sexual: la "Educación Sexual Integral" será reemplazada por una enseñanza basada en criterios "científicos, biológicos y éticos", según la norma.
Múltiples colectivos feministas y de derechos humanos han rechazado la medida. Organizaciones como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Amnistía Internacional, Demus y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señalaron que la reforma representa un retroceso que debilita derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTQ+. Según estos colectivos, la nueva ley carece de sustento técnico y responde a una imposición ideológica antes que a la protección de poblaciones vulnerables.
Para defensores de derechos humanos, esta decisión legislativa tiene consecuencias estructurales: al eliminar la perspectiva de género de las políticas públicas, se corre el riesgo de invisibilizar problemáticas como la violencia contra las mujeres, la desigualdad laboral o los crímenes por orientación sexual. Además, restringir la participación de ONG independientes en formación judicial podría debilitar la vigilancia y el escrutinio sobre el Estado en materia de igualdad.
