La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que cualquier manifestación en contra del Estado peruano podría ser objeto de sanción, aún en reclamos que puedan constituir a la defensa de los derechos humanos.
Resurgió a la agenda mediática. La Ley Nº 27692 se promulgó en el 2002 y estableció la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), una institución encargada de registrar, supervisar y coordinar la ayuda que recibe el Perú desde el exterior, como por ejemplo: donaciones, fondos o apoyo técnico que proviene de otros países o instituciones para financiar proyectos sociales, ambientales, de derechos humanos, educación, salud, etc.
El Ejecutivo promulgó la Ley N° 32301 que modifica a la Ley N° 27692, de esta manera el Estado peruano puede tener más autoridad sobre las organizaciones civiles, como ONG o colectivos, mismos que reciben cooperación internacional.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, AIDESEP y ONAMIAP consideran que esta medida es una amenaza de acceso directo a la justicia, ya que impide que las organizaciones o comunidades afectadas puedan recurrir al apoyo externo para defender sus derechos frente a decisiones estatales.
Además, denuncian violaciones a la libertad de asociación, expresión, derecho a la justicia y falta de consulta previa a los pueblos indígenas, infringiendo de esta manera a la Ley N° 29785 o Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios.
Perú debe garantizar que su legislación y políticas reflejen la naturaleza continua de las desapariciones forzadas y que la búsqueda de las víctimas y las investigaciones continúen hasta que se esclarezca plenamente la verdad su destino y paradero.
Ana Piquer, Directora de Amnistía Internacional Para las Américas
