El Congreso busca nuevamente desproteger la Amazonía y el medio ambiente con un proyecto de ley que es considerado por expertos como el complemento de la Ley Nº 31973, de enero de 2024, conocida como "Ley Antiforestal".
Se trata del proyecto de Ley Nº 09653/2024-CR, que ya es llamado "Ley Antiforestal 2.0". Su autora es la congresista por Fuerza Popular, Jeny López Morales, y propone legalizar la deforestación y facilitar la conversión de bosques primarios en tierras agrícolas.
Bajo el nombre de "desarrollo agrario sostenible", la iniciativa crea dos categorías de uso territorial: la Zona Forestal y de Protección Amazónica (ZFPA), destinada a conservar bosques, y la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA), en la que se permitiría otorgar títulos de propiedad y desarrollar actividades agrícolas sin la necesidad de estudios técnicos ni autorizaciones ambientales previas.
El proyecto impulsa un régimen especial de formalización denominado REPAAS (Régimen de Promoción de Actividades Agrarias Sostenibles), mediante el cual predios con actividades agrícolas actuales podrían formalizarse automáticamente, incluso si operan en tierras previamente deforestadas.
Uno de los puntos que llama la atención es que considera como bosque solo aquellas zonas con cobertura forestal hasta el 31 de diciembre de 2020. Eso implica que toda deforestación ocurrida antes de esa fecha quedaría automáticamente incluida en la zona agropecuaria.
La "Ley Antiforestal" de enero de 2024 modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763.
Dicha modificatoria trasladó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) competencias que antes le pertenecían al Ministerio del Ambiente (Minam), específicamente en zonificación forestal y clasificación de bosques. Además, permite que se otorguen títulos para uso agrícola sin que exista zonificación forestal previa.
Antes de la "Ley Antiforestal", un terreno de la Amazonía no podía ser destinado para fines de la agricultura sin antes haber pasado por un estudio de zonificación que confirmara si el espacio era apto o no para dicho uso. Esto evitaba que se talen bosques de manera indiscriminada o ilegal.
Desde su promulgación es posible otorgar títulos de propiedad para uso agrícola sin haber hecho zonificación previa. Significa que un bosque puede ser "legalmente" convertido en chacra, tierra para ganadería o para cultivo de palma, incluso si los suelos no son aptos y deberían permanecer como ecosistema forestal.
Para comprenderlo mejor, supongamos que una empresa pide un título para sembrar palma en un área de la selva, con la nueva ley ya no es necesario que haya un estudio para confirmar si ese terreno tiene vocación agrícola, algo que facilita y promueve la deforestación legalizada.
Ucayali no solo concentra la mayor extensión de tierras deforestadas en la Amazonía peruana, sino que también se ha convertido en uno de los principales escenarios en donde opera un mecanismo de tráfico de terrenos que ha abierto el camino para que inversionistas desarrollen proyectos de palma aceitera y cacao en áreas que antes fueron bosques primarios.
En ese contexto, el actual gobernador de la región, Manuel Gambini Rupay, es investigado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali por presuntamente formar parte de una red dedicada al tráfico de tierras y al lavado de activos. La pesquisa se inició en agosto de 2025 e incluye a 58 personas y tendrá un plazo de investigación preparatoria de 36 meses.
El fiscal del caso, Dennis Vargas Sotelo, postula que la organización habría otorgado de manera irregular títulos individuales sobre tierras que pertenecen a comunidades indígenas, o están protegidas como bosques de conservación permanente, sin la debida titulación ni respeto de los derechos territoriales. Posteriormente, los poseedores vendieron las tierras a la empresa Plantaciones de Ucayali y luego fueron transferidas al grupo Ocho Sur para elaborar palma aceitera.
La Fiscalía ha constatado que durante los tres años de gestión de Gambini como gobernador regional, se emitieron 128 certificados de posesión en el distrito de Nueva Requena (provincia de Coronel Portillo), abarcando más de 4.000 hectáreas, en zonas cuya legalidad está siendo cuestionada.
