José Jerí, quien acaba de asumir la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte, carga con un historial político que despierta serias dudas sobre su compromiso con la justicia y el Estado de derecho. Durante su gestión en el Congreso, Jerí apoyó un conjunto de leyes que favorecieron la impunidad, debilitaron la lucha contra el crimen organizado y minaron los mecanismos anticorrupción.
Entre las más graves figura la Ley 32054, que libera de responsabilidad penal a los partidos políticos, impidiendo que sean acusados de actuar como organizaciones criminales. A esta se suma la Ley 32181, que protege a los miembros de la Policía Nacional investigados por tener vínculos redes delictivas.
Jerí también respaldó normas que afectaron gravemente la capacidad del Estado para combatir la corrupción: la Ley 31990 limita la colaboración eficaz, una herramienta clave para desarticular redes criminales, mientras que la Ley 32130 y la Ley 32108 reducen la autonomía del Ministerio Público y alteran la definición de "organización criminal", dificultando allanamientos e investigaciones complejas. Además, apoyó la Ley 32104, declarada inconstitucional por la Corte Suprema, por facilitar la prescripción de delitos y poner en riesgo el principio de justicia.
Por otra parte, no dudó en darle luz verde a la Ley 31388, que aprueba la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), pero sin incluir mejoras o exigencias ambientales más estrictas, y, finalmente, la Ley 32326, que obstaculiza la confiscación de bienes a criminales y corruptos. Todas estas completan un panorama legislativo que beneficia a los poderosos y deja al Estado con menos herramientas para erradicar el delito. Hoy, con Jerí en el sillón presidencial, el país enfrenta la paradoja de tener al frente del Ejecutivo a quien contribuyó desde el Congreso a debilitar las bases legales que sostienen la lucha contra la impunidad.
