En la región amazónica de Madre de Dios, el delito de trata de personas se ha incrementado notablemente en los últimos años, con un flujo creciente de víctimas extranjeras, especialmente mujeres jóvenes de Bolivia y Venezuela. Muchas arribaron atraídas por supuestas ofertas laborales, pero terminaron atrapadas en redes de explotación sexual o laboral en zonas de minería ilegal, bares y locales de La Pampa.
A pesar de los rescates, denuncias y algunos procesos judiciales, la respuesta del sistema, entre limitaciones institucionales, falta de recursos y débiles resultados penales, ha resultado insuficiente: una gran parte de los acusados no llegan a ser sancionados, lo que favorece la impunidad y permite que las redes criminales continúen operando con comodidad.
En 2024, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) registró 191 casos en Madre de Dios, ocupando el tercer lugar entre las regiones con mayores casos, solo por detrás de Piura y Puno, esto equivale a un 13,1% del total nacional a pesar de que la población local es reducida.
Según las autoridades, la proximidad geográfica a fronteras con Bolivia y Brasil, y la existencia de corredores informales asociados a la minería ilegal y deforestación, facilitan el traslado y la inserción de mujeres y adolescentes en circuitos de explotación sexual. Muchas son obligadas a trabajar en bares, locales nocturnos o campamentos mineros.
Entre 2023 y junio de 2025, la FISTRAP de Madre de Dios registró 804 denuncias, sin embargo, las cifras judiciales no reflejan ese volumen: de las causas juzgadas, numerosos casos terminan en absoluciones, en especial cuando las víctimas mayores de edad no declaran, cambian su versión o no se reconocen como víctimas. La impunidad favorece la reproducción del delito.
Una de las razones detrás de esta crisis es la escasa capacidad institucional: la fiscalía de la región cuenta con apenas cuatro fiscales para toda la región, mientras que la unidad policial asignada dispone de solo ocho efectivos, quienes además deben atender desapariciones y otros delitos conexos. Esta precaria estructura limita los operativos, el rescate de víctimas y el seguimiento necesario para asegurar procesos judiciales robustos.
Para muchas de las sobrevivientes, ser rescatadas no significa abandonar el ciclo de explotación, ya que al carecer de opciones laborales dignas, redes de apoyo o políticas de reintegración, un número relevante de víctimas vuelven a caer en manos de los explotadores. Esta realidad evidencia que el problema no solo es el rescate, sino la ausencia de una ruta real de salida de la violencia.
