El Congreso atraviesa un periodo alarmante y preocupante en el que la producción legislativa, muy lejos de fortalecer la democracia, abrió espacio a iniciativas que son inconstitucionales e incluso violan los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Realizando un monitoreo de la labor parlamentaria se detectaron todos los proyectos de ley antitécnicos e inviables que fueron presentados durante el periodo anual de sesiones comprendido entre el 27 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025. Estas propuestas no solo ponen en riesgo al Estado de Derecho, sino que paulatinamente avanzan por las diferentes Comisiones para su posible promulgación.
En total se registraron 142 proyectos vinculados a derechos humanos, de los cuales 51 fueron catalogados como inviables.
Estas iniciativas no solo carecen de sustento jurídico, sino que además presentan un carácter regresivo, pues restringen derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre ellos destacan propuestas que pretenden eliminar la igualdad de género, educación sexual integral, fusionar ministerios estratégicos para la protección de mujeres y poblaciones vulnerables, e incluso la eliminación del tipo penal de feminicidio.
En la categoría democracia se identificaron proyectos que buscan debilitar el control constitucional y restituir la inmunidad parlamentaria, además de iniciativas que promueven la denuncia del Pacto de San José para facilitar la pena de muerte. De igual forma, en cooperación internacional se detectaron propuestas para restringir el financiamiento externo a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos, como la Ley APCI, lo cual limita la defensa de las víctimas y reduce el acceso a la justicia.
A ello se suma la instrumentalización política de proyectos inviables. Estos se convierten en herramientas de propaganda ideológica más que para generar cambios normativos viables y sostenibles.
Como dijimos anteriormente, durante el periodo anual de sesiones 2024-2025 se presentaron 51 PL inviables, de los cuales el 74% permanecen en proceso de estudio (38), el 16% obtuvo un dictamen favorable (8), y el 2% fue aprobado y publicado en el Diario Oficial el Peruano (1).
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