La reciente decisión del Congreso de extender, en primera votación, la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta finales de 2026, vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo del país en materia ambiental. Aunque se presenta como una medida "transitoria" para apoyar a los pequeños mineros, en realidad esta prolongación consolida un sistema que ha servido como refugio para las operaciones irregulares que degradan el territorio, contaminan ríos y profundizan el colapso institucional en las zonas más vulnerables del Perú.
A pesar de las advertencias reiteradas de especialistas, fiscalizadores y organizaciones ambientales, el Parlamento optó nuevamente por una salida fácil: seguir posponiendo la formalización real, mientras la deforestación, la contaminación por mercurio y el avance de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal continúan expandiéndose por la Amazonía y otras regiones del país.
Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, el pleno del Congreso dio luz verde al texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293 y amplía el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026. La justificación oficial apunta a que la nueva ley dedicada a la pequeña minería y minería artesanal aún no está lista, sin embargo, esta demora legislativa se traduce en un cheque en blanco para miles de operadores que llevan años usando el Reinfo únicamente como escudo para continuar extrayendo sin controles efectivos.
La medida ha servido como un "estacionamiento indefinido" donde se mezclan pequeños mineros que sí quieren regularizarse con actores ilegales que se aprovechan del limbo normativo para operar con impunidad.
Aunque el dictamen menciona supervisiones coordinadas entre el Ministerio de Energía y Minas y los gobiernos regionales, la realidad demuestra que estas entidades no cuentan con la capacidad logística, técnica ni presupuestal para fiscalizar miles de actividades dispersas en zonas remotas. Esta debilidad estructural permitirá que continúe la devastación ambiental que ya ha dejado paisajes arrasados en Madre de Dios, Puno y otras regiones donde la minería ilegal ha impuesto sus propias reglas.
En medio de la polémica, el pleno rechazó reincorporar a los 50 mil mineros que habían sido excluidos del Reinfo en 2025. Aunque esta decisión evita abrir aún más la puerta a la informalidad, también expone la falta de criterios coherentes: mientras se extiende el plazo para unos, se deja a otros en un limbo que podría empujarlos hacia la ilegalidad más radical.
Otra muestra preocupante fue el rechazo a una propuesta que buscaba prohibir el uso de mercurio en la minería artesanal. La negativa deja claro que algunos sectores del Parlamento prefieren mantener prácticas altamente contaminantes antes que promover alternativas sostenibles. Esta decisión tiene impacto directo en los ríos amazónicos, donde miles de personas, incluyendo a niños, ya sufren exposición a metales pesados.
Extender el Reinfo sin reformas profundas no ayuda a la formalización: la posterga. Mientras tanto, quienes operan al margen de la ley encuentran en esta prórroga una nueva oportunidad para expandirse, desplazar comunidades indígenas, destruir bosques y perpetuar circuitos criminales vinculados al tráfico de tierras, trata de personas y lavado de activos.
