En un acto que muchos analistas y defensores de derechos humanos han interpretado como un mensaje de impunidad, el exministro del Interior Juan José Santiváñez y la expresidenta Dina Boluarte autorizaron el ascenso de seis oficiales policiales que actualmente están bajo investigación por su presunta participación en una violenta represión durante las protestas sociales que terminó con la muerte de varias personas y decenas de heridos. La decisión, tomada mediante resoluciones firmadas en diciembre de 2024, ha generado consternación entre las víctimas y sus representantes legales, dada la gravedad de las acusaciones que enfrentan los altos mandos ascendidos.
Los oficiales promovidos son: mayores Carlos David Quispe Yasan, Carlos Denis Cubas Pizarro, Clever Luis Aira Macedo y Gianfranco Alessandro Tolentino Farfán; y los comandantes Johao Luis Aburto Guerrero e Ysaías José Paredes Gálvez, quienes están siendo investigados por el Equipo Especial del Ministerio Público para víctimas de protestas sociales (Eficavip), según la documentación difundido por el portal web Ojo Público.
La elevación de rango de estos oficiales ha sido denunciada por la defensa de las familias de las víctimas como un respaldo institucional, claro a quienes podrían haber cometido delitos de lesa humanidad. Para los deudos, el ascenso fue más que un simple reconocimiento profesional: representa un aval a su actuación durante los episodios de represión, y un claro debilitamiento de la rendición de cuentas.
De acuerdo con los reportes fiscales, los oficiales ascendidos afrontan cargos que incluyen presunto homicidio por omisión, intento de homicidio, lesiones leves y graves, y abuso de autoridad en el marco de las manifestaciones convocadas entre los años 2022 y 2023 en zonas como Lima, Puno, Ica y Apurímac.
Uno de los casos más delicados es el del mayor Carlos David Quispe Yasan, sindicado por su papel durante la masacre de Juliaca (Puno) el pasado mes de enero de 2023, donde murieron decenas de personas. Además, el mayor Gianfranco Tolentino Farfán ha sido implicado en la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca en una marcha de Lima. De acuerdo a la acusación fiscal también está involucrado en una serie de lesiones graves a manifestantes.
Por su parte, el mayor Carlos Denis Cubas Pizarro es investigado por causar lesiones leves a un joven vendedor en el transcurso de una movilización del 4 de enero de 2023 (él habría sido golpeado durante su traslado), según la fiscalía. En Ica, los comandantes Johao Aburto Guerrero y Clever Aira Macedo están acusados de agresión grave contra un agricultor que no formaba parte de las protestas. Mientras tanto, el comandante Ysaías José Paredes Gálvez afronta una investigación por abuso de autoridad en Apurímac, luego de una detención masiva durante una manifestación.
Por su parte, Santiváñez ni Boluarte ofrecieron declaraciones públicas justificando estas promociones desde la lógica de las investigaciones en curso. El portal en mención reporta que no respondieron a consultas para aclarar cuál fue el criterio técnico o disciplinario para elevarlos, lo que aumenta la percepción de falta de transparencia.
Para los expertos en derechos humanos, este tipo de decisiones legislativas y ejecutivas no solo afectan la memoria de las víctimas, sino que también socavan la capacidad del Estado para prevenir futuros abusos. Promover a oficiales bajo investigación debilita la legitimidad policial y envía una señal peligrosa: la violencia represiva puede no tener consecuencias. Además, según sus críticos, refuerza la narrativa de que los agentes responsables de graves violaciones pueden seguir ascendiendo en la institucionalidad.
