El presidente José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y el Callao por un periodo de treinta días, una estrategia que tiene como objetivo frenar el incremento de la delincuencia y el sicariato. La medida, sustentada en el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM autoriza a la Policía Nacional a asumir el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, se ha demostrado anteriormente que la unidad de trabajo entre ambas instituciones no ha funcionado en varios distritos.
Además, durante este periodo, que rige desde las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre de 2025, se restringirán importantes derechos constitucionales, entre ellos: la libertad de tránsito y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión, significa que las marchas o protestas también están prohibidas, por lo menos sin autorización previa.
Para que quede más claro, las autoridades podrán detener personas sin orden judicial, ingresar a viviendas bajo sospecha y limitar la movilidad ciudadana.
Especialistas en derechos humanos advierten que el estado de emergencia, al otorgar amplias facultades coercitivas a las fuerzas del orden, podría derivar en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y restricciones desproporcionadas al derecho a la manifestación.
Tenemos una seguidilla de estados de emergencia que no han servido para nada (...) la medida está ambientada a enfrentar la criminalidad, pero hay un supuesto medio difuso que también son otras situaciones de violencia, como las marchas que ahora están restringidas. Hay que tener cuidado que esta medida repetitiva también tenga espacio de posibles violaciones de derechos humanos.
Víctor Quinteros, exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia.
El pasado mes de mayo, Jhovinson Vásquez, el alcalde de Ventanilla, criticó severamente la ampliación del estado de emergencia de Dina Boluarte señalando que a pesar de la medida continuó enfrentando el sicariato, el crimen organizado y la microcomercialización de drogas. El burgomaestre se mostró indignado porque en su jurisdicción, que es el distrito más grande del Callao, solamente hay 300 efectivos para más de medio millón de habitantes.
La Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que la intervención militar y policial se regirá por los Decretos Legislativos N.º 1186 y N.º 1095, que establecen límites al uso de la fuerza. No obstante, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitan mecanismos de monitoreo independiente para evitar que la declaratoria de emergencia se convierta en una herramienta de represión y vulneración de derechos fundamentales.
