A través de una carta suscrita por más de 290 periodistas, académicos, líderes de medios y defensores de derechos humanos de 25 países manifestaron su preocupación por el periodismo libre e independiente en Perú. En el pronunciamiento, publicado el 16 de septiembre de 2025 por IDL-Reporteros, se rechazan las agresiones del poder político contra los periodistas que solamente cumplen con su deber de investigar e informar.
El comunicado también repudia que medios de comunicación y reporteros dedicados a la investigación y la denuncia constitucional están bajo asedio: sus fuentes son cuestionadas, sus trabajos desacreditados públicamente y su capacidad de operar libremente amenazada por reformas legislativas que restringen la transparencia y financiamiento, como por ejemplo: la promulgación de la Ley Nº 32301 (Ley APCI).
Los comunicadores que firmaron el documento advierten que este ambiente hostil representa un riesgo no solo para los periodistas, sino para la "democracia misma" y el derecho de la población a estar informada.
Políticos investigados por corrupción, lavado de dinero y graves violaciones a los derechos humanos han emprendido, desde sus cargos públicos, una campaña hostil contra un grupo de periodistas sin que el Ministerio Público investigue los hechos. Desde 2022, las cifras de ataques contra los periodistas se han duplicado, y sólo entre enero y julio de 2025, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha registrado 180 casos de agresiones y dos asesinatos.
Comunicado de prensa
El pasado 9 de septiembre, durante un acto oficial, el alcalde de Lima y aspirante presidencial, Rafael López Aliaga, lanzó amenazas de muerte contra Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. Además, mantiene una campaña de hostigamiento con expresiones misóginas y xenófobas dirigidas a las periodistas Rosa María Palacios y Clara Elvira Ospina.
Por otro lado, la periodista Karla Ramírez, responsable de la unidad de investigación de Panamericana Televisión, denunció un plan para atentar contra su vida y la de su familia. Estas amenazas ocurrieron en el marco de sus indagaciones sobre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien viene siendo investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) por presuntos vínculos con una red criminal junto al hermano de la presidenta Dina Boluarte.
El contexto de esta solidaridad internacional se da en paralelo con las recientes leyes promulgadas por el Ejecutivo, como la Ley APCI, la cual impone mayor fiscalización del financiamiento externo a las ONG e incluso se prohíbe que se utilicen esos fondos para iniciar acciones administrativas o judiciales contra el Estado peruano.
