Diferentes medios de comunicación presentaron acciones de amparo ante el Poder Judicial para inaplicar la modificatoria a la Ley Nº 27692, la cual crea a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según explicaron, dicha modificación o Ley Nº 31878, pone en riesgo la libertad de prensa y la autonomía de los medios independientes que reciben fondos de cooperación internacional para financiar sus proyectos periodísticos.
Esta medida, promulgada en marzo de 2025, obliga a que todas las organizaciones de la sociedad civil y medios que obtengan financiamiento externo se registren ante la APCI, reporten sus actividades y soliciten autorización previa para ejecutar proyectos relacionados con sus objetivos institucionales. Los demandantes sostienen que esto constituye una forma de supervisión estatal que puede derivar en censura y obstaculizar el trabajo de investigación.
De acuerdo con los medios firmantes, entre ellos: IDL Reporteros, Convoca, Salud con Lupa, Ojo Público y Epicentro Tv, así como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la norma también otorga al Estado la facultad de fiscalizar y sancionar a quienes no cumplan con los procedimientos establecidos, lo que amplía la posibilidad de aplicar sanciones administrativas o penales de manera discrecional. Esta situación, advierten, amenaza el ejercicio libre del periodismo, especialmente aquel que fiscaliza al poder político y económico.
En su demanda, las redacciones argumentan que el cambio normativo vulnera derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la asociación. Asimismo, remarcan que el financiamiento internacional es una fuente legítima que permite la sostenibilidad de medios que no dependen de la publicidad estatal ni de grandes conglomerados privados.
Además, organizaciones de defensa de los derechos humanos y dos relatores de la OEA para la libertad de expresión, acompañaron la acción judicial con un documento "Amicus Curiae" que expone cómo esta ley podría usarse para controlar o limitar investigaciones periodísticas relacionadas con corrupción, abusos de poder o violaciones a derechos humanos. La presentación busca que el Tribunal Constitucional garantice el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la libertad de prensa y cooperación.
Por último, destacaron que la prensa independiente ya enfrenta presiones políticas, campañas de desinformación y persecución judicial. Los medios reiteraron que continuarán defendiendo su derecho a informar con independencia y transparencia ante las instancias nacionales e internacionales que correspondan.
