Este informe propone una reforma integral del sistema de seguridad y justicia en el Perú, sin embargo, también revela un panorama crítico, como: extorsión en niveles récord: más de 11 mil denuncias en 2025; un Congreso "pro-crimen": leyes que criminalizan la pobreza y vulneran estándares internacionales; riesgo de giro autoritario y atracción por modelos represivos; Narcotráfico y minería ilegal en expansión (Perú es ya el 2.º productor mundial de coca y cocaína); feminización de la inseguridad y crisis de legitimidad institucional.
La seguridad ciudadana, o su ausencia, debe ser entendida como una dimensión de la seguridad y el desarrollo humano, el cual puede fortalecer o debilitar la gobernabilidad de un país como consecuencia de la sumatoria de varios indicadores: tasas delictivas, victimización, percepción, trayectorias institucionales, ejecución presupuestal, entre otros aspectos más.
La ausencia de seguridad ciudadana pone en riesgo a los individuos, la sociedad, el propio Estado y el futuro del régimen democrático en un mundo complejo que se encuentra en medio de un realineamiento político y cultural caracterizado por ser adverso a las políticas inclusivas.
Además, la seguridad es un derecho individual que se encuentra consagrado en los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así como en nuestra Constitución Política y el ordenamiento jurídico interno. En esta materia, Perú está ubicado en un término medio en América Latina; no obstante, hay un impresionante abanico de conductas ilegales que se entrecruzan en la vida de los peruanos. En paralelo, somos escenario de las dos más grandes economías extractivas ilícitas del mundo: el oro y la cocaína, y para enfrentar esta situación se ha desarrollado un complejo sistema de instituciones y procedimientos que abarca desde el Consejo Nacional del Estado y los tres poderes del Estado, el CONASEC, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior hasta llegar a las comisarías, configurando así un sistema nacional y una estrategia de seguridad ciudadana. Alrededor se encuentran otros organismos públicos de índole nacional y municipal que debieran apoyar el funcionamiento del mencionado sistema.
Este reporte tiene como objetivo presentar el problema de la inseguridad ciudadana en Perú, los límites y dilemas del Estado peruano para enfrentarlo; asimismo, proporciona elementos de política mediante una Hoja de Ruta desde los derechos humanos y la democracia.
El informe consta de cuatro partes. En la primera, se describe la evolución de las distintas formas de criminalidad en Perú, hasta llegar a la situación compleja que vivimos en la actualidad. En la segunda parte se analizan las características, comportamientos y problemas de las instituciones del Estado encargadas de abordar el problema de la seguridad y la criminalidad. La tercera parte plantea los debates alrededor del garantismo y la mano dura como una fórmula eficaz para combatir la criminalidad y la delincuencia. Finalmente, resuelto el problema en función al garantismo, esbozamos propuestas, recomendaciones y una Hoja de Ruta para uno, tres y cinco años.
Puedes leer "Perú: Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos" en el portal web de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Accede a su publicación haciendo click aquí.
