El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el segundo requerimiento de impedimento de salida del país presentado por la Fiscalía de la Nación contra Dina Boluarte. La decisión estuvo a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Juan Carlos Checkley, quien concluyó que el Ministerio Público (MP) no aportó nuevos elementos que justifiquen una posible fuga por parte de la vacada expresidenta.
El pedido fue formulado en el marco de la investigación por el presunto delito de negociación incompatible, el cual se le sigue a Boluarte por supuestos actos irregulares durante su gestión en la Presidencia de la República, específicamente, es acusada de haberse interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y de concretar el pago de beneficios sociales para Mario Cabani, médico cirujano señalado de haberle realizado intervenciones quirúrgicas.
Estos hechos ocurrieron en el 2023, cuando la expresidenta se sometió a cirugías estéticas sin el permiso correspondiente del Congreso. De acuerdo con investigaciones periodísticas, las cirugías habrían sido compensadas con la colocación de personas vinculadas a Cabani en cargos dentro de EsSalud.
A pesar de los intentos de la Fiscalía por garantizar la presencia de Boluarte en territorio nacional durante el desarrollo de las diligencias, el juez Checkley recordó que un primer pedido similar fue rechazado en abril de este año, al no haberse acreditado peligro procesal suficiente. En esta segunda solicitud, el MP no habría presentado hechos distintos ni nuevas pruebas que justifiquen imponer una restricción adicional a la libertad de tránsito de la exmandataria.
Por su parte, Luis Castro Grados, la defensa Boluarte, argumentó que su patrocinada ha asistido a todas las citaciones del MP y ha mostrado disposición de colaborar con la investigación. Además, sostuvo que mantiene domicilio conocido y que el pedido fiscal se basa en los mismos fundamentos previamente evaluados por el Poder Judicial.
