¿Por qué Dina está obsesionada con retirarse de la Corte IDH? El objetivo primordial es impedir que el Estado peruano sea juzgado en la Corte Interamericana por violaciones a los derechos humanos, que van desde el derecho a la vida hasta otros derechos como el de asociación, trabajo digno, la expresión y salud. Boluarte y su grupo de asesores creen que saliendo del ámbito de la Corte Interamericana, el Estado no tendrá sanción por casos tan graves como las 50 muertes en el contexto de las protestas contra el gobierno en diciembre de 2022 y enero de 2023. Pero en eso se equivocan.
Hasta el momento, los familiares de las víctimas de las protestas todavía buscan justicia y esclarecer los hechos, sin embargo, a la presidenta parece solo interesarle denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y retirarse de la competencia de la Corte IDH.
Como se recuerda, el gobierno peruano recientemente promulgó la Ley de Amnistía, misma que otorga el perdón "humanitario" a los integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron y cometieron delitos de lesa humanidad durante la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Por su parte, la Corte declaró que la medida es inaplicable y menoscaba casos como la masacre de Barrios Altos y La Cantuta.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a diversas ONG defensoras de derechos humanos, rechazaron la Ley de Amnistía y exigieron su pronta anulación. Frente a estas críticas, el gobierno de Boluarte halló en la idea del retiro de compromisos internacionales una herramienta política, como la de presentarse protectora de la "soberanía nacional" y de defender la actuación de las FF. AA. y la PNP en la época del terrorismo, incluso si se cometieron violaciones a los derechos humanos.
La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, señaló que la posibilidad de que Perú abandone la Corte IDH carece de viabilidad en el actual gobierno. A su vez, subrayó que esta propuesta no obedece a criterios técnicos ni jurídicos, sino a una maniobra de corte populista. "Dina Boluarte va a pasar a la historia por haber llevado a este país a una carencia moral, ética y de principios", comentó la excomisionada.
Familiares de las víctimas que sufrieron violaciones a los derechos humanos realizaron un plantón en el Palacio de Justicia, donde se mostraron indignados y rechazaron la Ley de Amnistía para denunciar la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad. La manifestación coincidió con la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Venezuela
En 2012, el gobierno de Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y se retiró formalmente de la competencia de la Corte IDH. La decisión buscaba evadir sentencias condenatorias por violaciones de derechos humanos, especialmente en casos de represión y presos políticos. El retiro redujo la protección internacional de las víctimas y debilitó los mecanismos de rendición de cuentas.
En mayo de 2019, cuando Juan Guaidó fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se aprobó restablecer la vigencia de la Convención, anulando la denuncia presentada en 2012.
Nicaragua
Bajo la dictadura de Daniel Ortega, Nicaragua ha desconocido en la práctica a la Comisión y la Corte IDH. Aunque no ha denunciado formalmente la Convención, el régimen ha cerrado ONG, desatendido medidas cautelares y sentencias. La estrategia responde al mismo patrón: neutralizar controles externos que denuncian represión y abusos sistemáticos.
El patrón común en estos y otros casos es que los gobiernos buscan retirarse de sistemas internacionales de derechos humanos para escapar de condenas, reducir presión externa y blindarse frente a la rendición de cuentas.
No obstante, en la práctica, los precios diplomáticos y políticos suelen ser altos: aislamiento internacional, pérdida de credibilidad democrática y debilitamiento de la protección de los ciudadanos frente al poder estatal.
