En el Perú, la población LGBTIQ+ continúa enfrentando múltiples formas de discriminación, exclusión y violencia que se intensifican tras la revelación pública de su orientación sexual o identidad de género. Este fenómeno, identificado como "gender backlash", engloba reacciones sociales, familiares e institucionales punitivas que buscan sancionar la revelación identitaria, coming out o comúnmente denominado "salir del clóset", algo que genera consecuencias concretas en la salud, la educación, el empleo y las trayectorias vitales.
A través de un estudio elaborado por PROMSEX, con base en una metodología mixta que combinó encuestas a 680 personas y 51 entrevistas en profundidad, evidenció una alta prevalencia de discriminación (83,3%) y violencia directa (61,1%) posterior al coming out. Entre los costos más frecuentes, el 46,8% perdió oportunidades educativas o laborales, el 62,2% asumió gastos adicionales como atención psicológica o mudanzas forzadas, y el 32,1% se vio obligado a modificar o renunciar a su proyecto de vida.
Los hallazgos confirman que la discriminación y la violencia no son hechos aislados, sino parte de un sistema estructural que impone daños acumulativos. Las personas afectadas presentan:
El análisis interseccional del estudio mostró que estos impactos no afectan a todos por igual. Las personas trans, no binarias o con discapacidad experimentan costos más severos, tanto emocionales como materiales. En las regiones fuera de Lima Metropolitana, las cifras también son más altas: siete de cada diez personas reportaron gastos derivados de la discriminación, lo que evidencia brechas territoriales y sociales persistentes.
En el ámbito cualitativo (51 entrevistas en profundidad), los testimonios recogidos revelan tres ejes comunes: miedo constante a las represalias, pérdida de oportunidades educativas o laborales, y reconfiguración forzada del proyecto de vida. La discriminación, según los relatos, obliga a muchas personas jóvenes a migrar, abandonar estudios o limitar sus aspiraciones por razones de seguridad o rechazo familiar.
Este modelo analítico demuestra que la violencia y la discriminación incrementan el estrés de minorías y fomentan conductas de autocensura que restringen decisiones vitales. El estrés sostenido deriva en renuncias personales, deterioro de la salud mental y aislamiento social. En consecuencia, el backlash no solo vulnera derechos, sino que restringe de manera estructural la posibilidad de construir una vida plena.
El informe también plantea implicancias para la política pública. Propone incorporar un enfoque de reparación integral que contemple medidas de restitución educativa y laboral, atención psicológica afirmativa y apoyo económico para personas desplazadas o sin redes de respaldo. Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer a las organizaciones LGBTIQ+ que actúan como espacios de contención y acompañamiento.
El estudio confirma empíricamente que el gender backlash posterior al coming out no es un fenómeno anecdótico ni episódico, sino una forma sistémica de castigo estructural. A través de mecanismos como el aislamiento, el desplazamiento forzado, la pérdida de redes, la precarización económica, el silenciamiento institucional y la afectación a la salud mental, las personas LGBTIQ+ enfrentan un proceso acumulativo de exclusión que restringe sus derechos y su desarrollo vital.
PROMSEX
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