Perú ha expresado ambiciones de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de elevar la gobernanza, transparencia, atraer inversión y mejorar la calidad del gasto público. Sin embargo, esta aspiración se topa contra un gran obstáculo: las frecuentes transgresiones a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, disciplina fiscal y lucha contra la corrupción. Si el Gobierno de Dina Boluarte no realiza reformas que demuestren compromisos con los estándares internacionales, su ingreso quedará relegado al terreno de las intenciones.
El Perú está bajo observación internacional por promulgar medidas como la Ley de Amnistía, la cual concede el perdón a militares y policías que participaron y cometieron delitos de lesa humanidad durante la lucha contra el terrorismo; o la Ley APCI, esta le permite al Estado tener más autoridad sobre los proyectos de las ONG y les prohibe utilizar sus fondos para iniciar acciones administrativas o judiciales contra el Estado.
Las referidas leyes son consideradas incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las obligaciones de investigar, sancionar o reparar. Un Estado que concede impunidad a violaciones graves simplemente no puede aspirar a ser aceptado en un foro internacional que valora el Estado de derecho y la justicia.
La OCDE elaboró el año pasado un informe sobre justicia para el Perú, el cual determina que todavía enfrenta retrasos procesales por formalidades que dilatan la resolución de casos, falta de recursos adecuados y poca autonomía en tribunales. Sin duda son falencias que debilitan el sistema de justicia y erosionan la confianza del ciudadano.
La organización también reconoce que el decomiso sin condena es un instrumento para combatir la corrupción y el crimen organizado, ya que permite incautar bienes que presuntamente provienen de actividades ilícitas.
Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que la informalidad laboral persiste en dimensiones críticas, especialmente en los sectores como la minería y agroexportación, con condiciones de explotación, ausencia de seguridad social y obstáculos para la negociación colectiva. Además, recomiendan ejecutar reformas laborales a fin de enfrentar la informalidad, un freno al empleo decente y a la recaudación tributaria.
Por otra parte, el Congreso promulgó la Ley Nº 31973 el pasado 11 de enero de 2024, una medida conocida como la "Ley Antiforestal" que permite el otorgamiento de títulos para uso agrícola sin que exista zonificación forestal previa, significa que un terreno de la Amazonía puede ser deforestado y destinado a la agricultura sin antes haber pasado por un estudio que confirmara si el espacio es apto para dicha actividad.
