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Problema
En el Perú, la Ley APCI impone sanciones a organizaciones que cuestionen al gobierno o defiendan legalmente a comunidades frente al Estado.
Esta norma vulnera derechos como la libre asociación, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Nuestra plataforma surge para articular, resistir y proponer, protegiendo las libertades democráticas y el rol de la sociedad civil.
Defendamos el espacio cívico: No a la Ley APCI
El Pacto de San José es el tratado que consolida al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ofrece a los ciudadanos latinoamericanos una protección frente a posibles abusos del poder estatal. Su función principal es aplicar justicia interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos.
Su sede principal está en San José de Costa Rica. Está conformada por 7 jueces de los países miembros de la OEA. Su periodo es de 6 años y pueden reelegirse una vez. El abogado peruano Alberto Borea forma parte de la Corte desde enero de 2025.
Perú adhirió al Pacto de San José el 27 de julio de 1977 y su vigencia comenzó el 28 de julio de 1978. No se trata de un compromiso simbólico. La Convención Americana es una pieza clave en la arquitectura del Estado de Derecho y en la legitimidad democrática internacional de los países miembros.
Los fallos y recomendaciones de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento para los países miembros del Pacto de San José. La condición de Tratado Internacional permite que su mandato se incorpore a la Constitución de cada país. La Convención Americana establece que los países tienen el deber jurídico internacional de acatar los fallos y la Corte supervisa su cumplimiento a través del tiempo.
Defendamos el espacio cívico: No a la Ley APCI
Estar en la Corte Interamericana no nos hace perder la soberanía. Por el contrario, integra al Perú a un sistema que defiende derechos humanos universales. Perú firmó voluntariamente en 1977 el Pacto de San José para defender los derechos de sus ciudadanos.
En 1999, en la agonía del régimen fujimorista, el Perú denunció el Pacto de San José para que la Corte Interamericana no pudiera juzgar los graves casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en esos años. Cuando retornó la democracia, tras la caída de Fujimori, Perú refrendó sus compromisos con el Pacto de San José.
Si finalmente el gobierno decide denunciar el Pacto de San José, el retiro de la Corte Interamericana sólo entrará en vigor un año después de presentada la denuncia. Todos los hechos previos, incluidas las muertes en la represión de 2022 y 2023 contra quienes se oponían al gobierno de Dina Boluarte podrán llegar a la Corte.
Para justificar la salida de la Corte Interamericana utilizan el argumento de la necesidad de implantar la pena de muerte supuestamente para garantizar la seguridad ciudadana. La imposibilidad de aplicar la pena de muerte no solo está contenida en el Pacto de San José sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas. ¿También pretenden que Perú salga de la ONU?
Opinión
Abogado constitucionalista
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Experta en políticas públicas en salud, derechos humanos y género.
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periodista
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Se aprobó en abril de 2025 y le otorga autoridad total a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para supervisar las actividades de las ONG que reciben cooperación del extranjero. Exige que todas las organizaciones que manejan fondos internacionales se inscriban en APCI, incluso si no tramitan la exoneración de impuestos.
Otorga amplias facultades de fiscalización de los programas, limitando la autonomía de las organizaciones. Crea multas y sanciones severas que van incluso hasta la cancelación del registro.
Prohíbe el uso de fondos para iniciar acciones administrativas o judiciales contra el Estado.
Promulgada el 13 de agosto de 2025, esta ley concede el perdón “humanitario” a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa que cometieron violaciones a derechos humanos durante el periodo comprendido entre 1980-2000. Los beneficiarios pueden estar en calidad de investigados, procesados o sentenciados e incluso prófugos.
Determina la excarcelación de quienes tienen más de 70 años, sin importar su condición legal.
La Corte IDH declaró que la medida es inaplicable, menoscaba el derecho a la justicia y viola los compromisos internacionales que Perú firmó, por lo que instó a los jueces a inaplicarla en ejercicio del control de convencionalidad.
Promulgada el 9 de agosto de 2024, esta ley declara la prescripción de los delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002, lo que significa que no podrían continuar los procesos en curso por delitos cometidos antes de esa fecha. Una ley más que niega el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
Aprobada por el Congreso el 10 de enero de 2024 y promulgada un día después, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, abre la puerta a la impunidad para la tala de bosques en el país.
Concede amnistía a la tala, legaliza terrenos que han sido deforestados, reduce las sanciones a los taladores ilegales y facilita el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y extractivas en desmedro de la flora y la fauna silvestre.
Debilita a los órganos de control como Serfor y OEFA.
La Ley Antiforestal permite la destrucción de uno de los principales patrimonios del Perú: la Amazonía.
